SANTO DOMINGO, RD. – Nueve meses después de los primeros arrestos relacionados con el caso Senasa, el Ministerio Público puso en marcha una nueva fase de la investigación, denominada “Senasa 2.0”, con el apresamiento de 28 personas presuntamente vinculadas a la parte operativa del supuesto entramado que habría defraudado a la aseguradora estatal por unos RD$15,000 millones.
En esta nueva etapa, las autoridades concentraron las acciones en médicos, prestadores de servicios de salud y otras personas que, de acuerdo con la acusación, habrían tenido participación en las operaciones investigadas.
Los arrestos se produjeron durante una jornada de allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, donde fueron intervenidos 37 inmuebles.
El operativo contó con la participación de unos 45 fiscales y 200 agentes policiales, quienes ocuparon dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes, según informó el Ministerio Público.
Los 28 apresados fueron trasladados a la sede de la Procuraduría General de la República, donde permanecieron durante el día mientras eran interrogados por un equipo de fiscales.
Posteriormente, los detenidos eran trasladados desde el edificio de la Procuraduría hacia la cárcel del cuarto piso de la Fiscalía del Distrito Nacional, en Ciudad Nueva.
Tres personas, familiares de algunos de los médicos detenidos, fueron dejadas en libertad durante la tarde, mientras continuaban las diligencias contra el resto de los investigados.
Hasta el momento, el Ministerio Público no había divulgado oficialmente los nombres de los 28 apresados. Sin embargo, en la orden de allanamiento aparecen especialistas de áreas como ginecología y obstetricia, cirugía general, cardiología, gastroenterología y medicina interna.
La defensa de algunos de los detenidos cuestionó el procedimiento. El abogado Pedro Botello, quien representa a una de las personas apresadas, calificó a su clienta como un “chivo expiatorio” y cuestionó las circunstancias de su detención.
Familiares y abogados acudieron a la Procuraduría en busca de información sobre los arrestados, mientras que algunos pacientes también expresaron su preocupación por la forma en que las autoridades han manejado el proceso.
De acuerdo con los detalles contenidos en el expediente, entre las maniobras que son objeto de investigación figuran presuntos sobornos, doble facturación, cobros por servicios y medicamentos que supuestamente no fueron suministrados, además de la utilización de sellos médicos falsos y adulteración de estados financieros.
El expediente también menciona programas especiales que, según la investigación, carecerían de sustento jurídico; venta de medicamentos donados, autoasignación de salarios y viáticos, reembolsos fraudulentos relacionados con viajes y hoteles, así como otras operaciones bajo investigación.
Las autoridades también investigan el supuesto uso de habitaciones de un centro oncológico para realizar cirugías estéticas, además de alegados sabotajes digitales, sustracción de archivos y operaciones vinculadas al lavado de activos.
Uno de los elementos señalados en la investigación es que afiliados masculinos de Senasa aparecían con consultas de ginecología registradas a su nombre, aunque, al ser contactados, habrían negado haber recibido esos servicios.
Mientras se desarrolla esta nueva fase, los imputados de la primera etapa del caso continúan enfrentando el proceso judicial. Entre ellos se encuentra Santiago Hazim, quien cumple medidas de coerción junto a otros procesados por su presunta participación en el entramado investigado.
Asimismo, de este expediente se desprendió la denominada Operación Onco14, ejecutada en junio, que culminó con el arresto de tres personas vinculadas al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao.
El Ministerio Público dispone de un plazo de 48 horas desde los arrestos para presentar ante el tribunal la solicitud de medidas de coerción correspondientes.
En medio de los nuevos arrestos, el presidente Luis Abinader manifestó durante una actividad en Puerto Plata que espera que las investigaciones continúen profundizándose.
El mandatario afirmó que cualquier persona que cometa un acto de corrupción debe ser sometida a la justicia y enfrentar las consecuencias correspondientes.
La nueva fase del caso Senasa amplía así el número de personas bajo investigación y concentra la atención en los actores que, según la acusación del Ministerio Público, habrían operado directamente mecanismos utilizados para ejecutar las presuntas irregularidades contra la aseguradora estatal.
