La solicitud de Estados Unidos para que la República Dominicana derogue el Decreto núm. 693-24 coloca al país frente a una realidad que durante años se quiso ignorar: no nos preparamos para enfrentar la apertura total del mercado del arroz establecida en el DR-CAFTA.
Tuvimos aproximadamente veinte años para hacerlo. Durante ese tiempo debimos modernizar los sistemas de riego, reducir los costos de producción, renovar las variedades, fortalecer la investigación, ampliar el financiamiento, mejorar la mecanización y desarrollar una verdadera política nacional de competitividad arrocera.
Pero no lo hicimos.
Esa es una responsabilidad que debe ser asumida por el Estado y por las sucesivas administraciones que gobernaron durante ese período. No sería justo descargar ahora sobre los productores las consecuencias de dos décadas de insuficiente planificación e inversión.
Estados Unidos no está planteando solamente la eliminación de un decreto. Lo que busca es ampliar el acceso de su arroz al mercado dominicano, bajo las condiciones previstas en el acuerdo comercial.
El problema es que nuestros productores tendrían que competir con una agricultura estadounidense altamente tecnificada, con mayor escala productiva, mejores sistemas de financiamiento y diferentes modalidades de apoyo estatal. No se trataría de una competencia entre iguales.
La eventual eliminación de la protección arancelaria establecida por el Decreto 693-24 podría comprometer el futuro de aproximadamente 30,000 productores, entre 1.3 y 1.5 millones de tareas cultivadas, cerca de 14.8 millones de quintales de arroz y una cadena económica que mueve más de RD$45,000 millones anuales.
Estamos hablando de la más importante producción agrícola del país, de miles de empleos y de la principal fuente de ingresos de numerosas comunidades rurales.
Una apertura repentina podría reducir los precios pagados a los productores, provocar la acumulación de las cosechas nacionales, aumentar el endeudamiento, disminuir las áreas sembradas y ocasionar el cierre de factorías y otras empresas relacionadas con la cadena arrocera.
También podría hacer que la República Dominicana pierda su autosuficiencia y pase a depender progresivamente de las importaciones para abastecer uno de los alimentos esenciales de la población.
Algunos podrían argumentar que la entrada de arroz importado produciría una reducción de precios para los consumidores. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que la totalidad de esa diferencia llegue a las familias.
Entre el importador y el consumidor intervienen el almacenamiento, el procesamiento, el transporte, la distribución y los márgenes de comercialización. El productor dominicano podría resultar destruido sin que el consumidor reciba un beneficio permanente y proporcional.
Además, una vez debilitada la producción nacional, el país quedaría expuesto a los aumentos de los precios internacionales, las crisis logísticas, los conflictos internacionales, los fenómenos climáticos y las decisiones de los países exportadores.
El arroz no es solamente una mercancía. Es alimentación, empleo, estabilidad social, desarrollo rural y seguridad nacional.
La República Dominicana debe respetar sus compromisos internacionales, pero también tiene la obligación de defender su capacidad de producir los alimentos fundamentales que consume su población.
Por eso, el Gobierno no debe tomar una decisión apresurada ni aceptar la derogación del Decreto 693-24 sin contar previamente con medidas alternativas que protejan efectivamente la producción nacional.
El presidente Luis Abinader debe convocar una gran mesa nacional del arroz, integrada por el Gobierno, las organizaciones de productores, los profesionales agropecuarios, las factorías, el Banco Agrícola, las universidades y los centros de investigación.
También debe ordenarse un estudio independiente sobre el impacto económico, social y alimentario de la apertura, y negociar con Estados Unidos un período de transición acompañado de salvaguardias, control de las importaciones y mecanismos de compensación.
Simultáneamente, el país necesita poner en marcha un Programa Nacional de Competitividad Arrocera que reduzca costos, modernice el riego, fortalezca la investigación, mejore la productividad y garantice financiamiento y seguro agropecuario.
La posición de la ANPA debe ser clara: no estamos en contra del comercio ni del cumplimiento de los acuerdos internacionales. Estamos en contra de que se sacrifique al productor dominicano para pagar las consecuencias de veinte años de falta de preparación.
Hoy debemos hablar con responsabilidad y sin ocultar la verdad:
El país no está preparado para enfrentar la exigencia de Estados Unidos.
No se preparó para eso.
Y abrir completamente el mercado sin proteger primero a nuestros productores podría conducir a un futuro oscuro y lleno de incertidumbre para la producción arrocera nacional.
No podemos corregir veinte años de falta de preparación condenando ahora al productor dominicano.
