Santo Domingo. – La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Gobierno de la República Dominicana que ponga fin “de inmediato” a las expulsiones colectivas de ciudadanos haitianos y derogue el nuevo protocolo que condiciona el acceso a servicios de salud a la verificación migratoria, medida que comenzó a implementarse el pasado lunes en 33 hospitales del país.
Según AI, esta política no solo vulnera el derecho a la salud, sino que también “deshumaniza a personas sin documentación y pone en riesgo sus vidas”, al disuadirlas de buscar atención médica por miedo a ser deportadas.
La implementación del protocolo forma parte de un conjunto de 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader el pasado 6 de abril como parte de una nueva estrategia para enfrentar la inmigración irregular desde Haití. En su mensaje a la nación, Abinader instó a los haitianos indocumentados a abandonar voluntariamente el país o, de lo contrario, enfrentar la deportación.
El protocolo establece que inspectores y agentes migratorios verifiquen en los hospitales si los pacientes cuentan con documentación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio y cobertura de los costos médicos. En caso de no cumplir con estos requisitos, serán atendidos médicamente y posteriormente deportados una vez se hayan recuperado.
Durante el primer día de aplicación, un total de 87 embarazadas y parturientas haitianas fueron detenidas en centros hospitalarios, de acuerdo con reportes de prensa y organizaciones de derechos humanos.
Ana Piquer, directora de AI para las Américas, calificó esta política como una forma institucionalizada de discriminación que viola el principio constitucional dominicano del acceso gratuito y universal a la salud. “Estas medidas afectan directamente a personas haitianas sin documentos, solicitantes de asilo, apátridas y dominicanos de ascendencia haitiana”, señaló Piquer en un comunicado.
La organización también advirtió que la República Dominicana estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, así como recomendaciones previas de organismos multilaterales. AI llamó a la ciudadanía dominicana a rechazar lo que calificó como “medidas crueles y racistas”.
Desde octubre de 2024, más de 180,000 personas han sido deportadas, lo que, según AI, constituye una práctica de expulsión colectiva prohibida por el derecho internacional. Las autoridades han ejecutado unas 10,000 deportaciones por semana, afectando mayoritariamente a ciudadanos haitianos, pese a las advertencias internacionales de no devolver personas a un país afectado por una crisis de violencia extrema, donde más de 5,600 personas fueron asesinadas solo en 2024.
Amnistía Internacional instó al Gobierno dominicano a garantizar el acceso a la protección internacional para quienes lo requieran y a crear un entorno libre de estigmatización y discriminación racial.
