Santo Domingo. – El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designó al magistrado Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), convirtiéndolo en el responsable de dirigir el máximo tribunal del sistema judicial de la República Dominicana.
Montero Montero cuenta con una amplia formación académica y una trayectoria de más de dos décadas en el sistema judicial dominicano, donde ha desempeñado distintas funciones jurisdiccionales y administrativas, además de participar en iniciativas orientadas al fortalecimiento y la modernización de la justicia.
El nuevo presidente de la SCJ es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Su preparación profesional incluye una maestría en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, por la Universidad del País Vasco; otra en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, por la Universidad de Castilla-La Mancha, y una tercera en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional.
Asimismo, realizó una especialidad en Derecho Judicial en la Escuela Nacional de la Judicatura y otra en Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco, formación que complementa su experiencia en el ámbito jurídico e institucional.
Justiniano Montero Montero ingresó a la judicatura en 1998 y fue incorporado formalmente a la carrera judicial en 2001. Desde entonces, ha ocupado diversas posiciones que le han permitido acumular experiencia en la administración de justicia y en el conocimiento de los procesos judiciales.
En 2014 fue designado director general de Administración y Carrera Judicial interino, función desde la cual estuvo vinculado a los procesos administrativos y organizativos del Poder Judicial.
Posteriormente, en abril de 2018, regresó a sus funciones jurisdiccionales como juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Un año después, en abril de 2019, fue seleccionado como juez de la Suprema Corte de Justicia, donde continuó desarrollando su carrera dentro del máximo órgano judicial del país. Más adelante asumió la presidencia de la Primera Sala, especializada en asuntos civiles y comerciales.
Además de sus responsabilidades como juez, Montero Montero ha tenido una participación activa en diferentes organismos vinculados al fortalecimiento institucional y la ética judicial.
Entre sus funciones destaca su representación de la República Dominicana ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ), organismo en el que también ha colaborado como redactor de dictámenes relacionados con los principios y valores que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional.
De igual manera, forma parte del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial, desde donde ha participado en iniciativas dirigidas a promover las buenas prácticas, la transparencia y la integridad en el ejercicio de la administración de justicia.
Su trayectoria también incluye responsabilidades en proyectos de modernización de los servicios judiciales, especialmente aquellos relacionados con la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar los procedimientos y facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia.
En ese contexto, participó en el proceso de implementación de la Ley núm. 339-22, que regula el uso de medios digitales en el Poder Judicial y establece mecanismos para facilitar la tramitación de los procesos mediante plataformas y recursos tecnológicos.
A su experiencia judicial y administrativa se suma su labor como docente universitario, actividad que ha desarrollado durante más de 20 años.
Su trabajo académico se ha concentrado principalmente en las áreas de Derecho Civil y Derecho Comercial, contribuyendo a la formación de profesionales y al desarrollo de conocimientos jurídicos en el ámbito universitario.
Con su designación al frente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero Montero asume la dirección del máximo tribunal dominicano, institución que desempeña un papel fundamental en la interpretación y aplicación de las leyes, así como en la administración del sistema judicial.
Su nombramiento marca el inicio de una nueva etapa en la conducción de la Suprema Corte de Justicia, desde donde tendrá la responsabilidad de dirigir los trabajos jurisdiccionales y administrativos de la institución.
