Varios estados con gobiernos republicanos están intentando bloquear la presencia de observadores del Departamento de Justicia (DOJ) en los centros de votación, en un año electoral cargado de tensiones y sospechas de fraude impulsadas por el expresidente Donald Trump. Los fiscales generales de Florida, Misuri y Texas presentaron demandas para evitar la entrada de estos observadores federales.
Los tribunales desestimaron las demandas en Florida y Misuri, pero en Texas el fiscal general Ken Paxton logró un acuerdo con el DOJ para que sus observadores se mantengan a 30 metros de los centros de votación, aunque aún pueden hablar con votantes a esa distancia. Paxton destacó en un comunicado que «Texas no permitirá la interferencia del DOJ en sus elecciones.»
Mientras tanto, el DOJ ha desplegado observadores en 86 jurisdicciones de 27 estados para asegurar el acceso al voto, incluyendo el condado de Bexar en Texas, donde el sheriff Javier Salazar ha expresado que considera al DOJ un «buen aliado» en la supervisión electoral. En contraste, algunos gobiernos republicanos alegan que los observadores federales representan una intromisión.
Las elecciones de este año están marcadas por la propagación de teorías de conspiración sobre la integridad del voto, avivadas por el expresidente Trump y otros líderes republicanos. Estas teorías incluyen alegaciones sin fundamento sobre el intento de miles de migrantes indocumentados de votar, lo que ha impulsado purgas en los registros electorales en ciertos estados, afectando incluso a ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha emitido alertas sobre posibles actos de violencia motivados por estas teorías de conspiración. Según documentos de Property of the People, ONG de transparencia, el DHS ha registrado un aumento en las amenazas de «violencia electoral,» atribuidas a grupos extremistas que buscan desestabilizar el proceso electoral.
Este martes, Donald Trump y Kamala Harris se enfrentan en una contienda polarizada que decidirá el futuro político de EE.UU., con crecientes preocupaciones sobre la seguridad y transparencia de los comicios en medio de un contexto de polarización e incertidumbre social.
