El artículo 11 del proyecto refiere que la Cámara de Cuentas ejercerá el control externo de la Corporación Turística Cabo Rojo, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes.
El Pleno del Senado aprobó en primera lectura la modificación a la ley 36-24 que crea la Corporación Turística Cabo Rojo, en sus artículos 6, 9, 11 y 12, presentada por el Poder Ejecutivo.
La pieza refiere en su artículo 6, que el régimen legal de la sociedad comercial Corporación Turística Cabo Rojo, junto con sus sociedades subordinadas y sus respectivos directores y ejecutivos, estarán sujetos a la legislación nacional aplicable a sus sociedades comerciales de derecho privado y a sus estatus sociales, sin perjuicio de lo dispuesto respecto al control externo en el artículo 11.
El artículo 11 del proyecto, refiere que la Cámara de Cuentas ejercerá el control externo de la Corporación Turística Cabo Rojo, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes. En tal interés, utilizará, preferiblemente, el apoyo técnico de firmas de auditoría de reconocimiento y reputación internacional, contratadas a tal finalidad, para la ejecución de auditorías y otros procedimientos de fiscalización, bajo su dirección y supervisión.
También, señala en su artículo 9, que la administración de los estatutos sociales de la Corporación Turística Cabo Rojo fijará el número impar de los miembros que componen su consejo de administración, que no deberá ser inferior a tres (3), y garantizarán que la administración de la sociedad comercial, así como el desarrollo y la gestión del proyecto serán responsabilidad de los inversionistas y gestores privados, en consonancia con su naturaleza comercial.
Dentro de las modificaciones realizadas a la pieza incluye su artículo 12, que en lo adelante indica que las personas jurídicas y los patrimonios autónomos que reciban como aporte los bienes y derechos del Fideicomiso Pro-Pedernales, así como aquellos que adquieran los inmuebles aportados a la corporación; o que inviertan o lleven a cabo actividades de desarrollo relacionadas a las infraestructuras de servicios hoteleras e inmobiliarias turísticas dentro del proyecto, respecto a facilidades complementarias al mismo, mantendrán el tratamiento fiscal y tributario especial de las exenciones previstas en la legislación.
Durante la sesión de este martes, los senadores sancionaron en primera lectura el proyecto que adiciona el artículo 12-bis, a la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, a los fines de incluir el acoso o intimidación escolar “bullying”, una iniciativa de ley presenta por el senador Cristóbal Castillo.
El propósito de esta iniciativa es adicionar el artículo 12 bis, a la Ley 136-03, que en lo adelante indicará que los niños, niñas y adolescentes, tienen el derecho de recibir educación, tal como lo establece la constitución, y este derecho debe realizarse en un ambiente adecuado, lleno de paz y armonía; es por esto que se prohíbe en todas sus formas el acoso o intimidación escolar, conocido como “bullying”.
En su segundo considerando refiere que el “bullying” afecta el clima de educación en los centros de enseñanzas públicas y privadas, generando bajo rendimiento, fracaso escolar y molestias en el desarrollo social y emocional del afectado, provocando muchas veces una conmoción tal en la víctima, que los lleva hasta cometer suicidio.
También, se aprobó el proyecto de ley que establece los actos correspondientes a los poderes Ejecutivo y Legislativo a ser publicados en la Gaceta Oficial, iniciativa del senador Félix Bautista.
La pieza legislativa tiene por objetivo derogar y sustituir en todas sus partes la ley 266, que dispone que solamente se publicaran en la Gaceta Oficial, los actos correspondientes a los poderes legislativos y ejecutivo.
De igual manera, fue sancionado el proyecto que declara la provincia Azua como provincia Ecoturística, propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz de Díaz.
Segunda lectura
Los senadores aprobaron en segunda lectura el proyecto que modifica el artículo 113 de la Ley 590-16, Ley Orgánica de la Policía Nacional, presentado por el senador Cristóbal Castillo.
Esta iniciativa establece los mecanismos de indexación de las jubilaciones y pensiones que reciben los miembros de la Policía Nacional en condición de retiro, que la hayan recibido antes de la entrada en vigencia de la indicada ley.
En su artículo 113, la ley indica que los pensionados actuales de la Policía Nacional, las pensiones por antigüedad en el servicio, por discapacidad y sobrevivencia de los actuales jubilados y pensionados de la Policía Nacional, serán pagadas por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, de acuerdo al presupuesto aprobado en la Ley General de Gastos Públicos, en las condiciones en que fueron aprobadas al momento del otorgamiento de las mismas”, según señala la pieza legislativa.
También, en segunda lectura fue sancionado el proyecto de ley que declara Monumentos Arquitectónicos varias Iglesias del país y modifica la Ley 492, que declara Ciudad Colonial de Santo Domingo zona declarada por el Decreto No.1650, una propuesta del senador Santiago José Zorrilla.
