La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dictó la “Instrucción General para las Investigaciones del Tráfico Ilícito de Migrantes”, en el marco de la creación de la Unidad de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), establecida por el Consejo Superior del Ministerio Público, atendiendo una sugerencia del Poder Ejecutivo.
La instrucción establece que los fiscales de todo el país deben otorgar alta prioridad a las investigaciones en las que existen información de inteligencia o evidencia que vinculan a funcionarios públicos, miembros de instituciones militares o policiales con estructuras criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.
Asimismo, ordena que, en los casos donde estos servidores públicos incurran en extorsión, reciban sobornos o cualquier dádiva a cambio de facilitar actividades ilícitas, se deberá solicitar su inmediata suspensión de funciones a través de los órganos competentes.
La investigación de este delito, tipificada en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y otras normativas internacionales suscritas por el país, debe incluir la solicitud y ejecución de como la inmovilización de cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y todo activo vinculado a las acciones criminales.
Además, se establece la gestión inmediata del secuestro legal de los vehículos pertenecientes a personas o empresas involucradas en el transporte de migrantes de forma ilegal, siempre que puedan ser objetivamente vinculados al proceso penal.
El Ministerio Público recordó que el tráfico ilícito de migrantes constituye una de las modalidades más complejas y lucrativas de la criminalidad organizada transnacional, ya que no solo implica el cruce irregular de fronteras, sino también la conformación de redes delictivas con altos niveles de planificación, logística y corrupción.
Esta actividad ilícita debilita los sistemas de control migratorio y de seguridad del Estado, lo que obliga al fortalecimiento de respuestas interinstitucionales especializadas, coordinadas y dotadas de capacidades operativas, jurídicas, técnicas y tecnológicas, siempre en coherencia con la Constitución y en defensa de la seguridad nacional.
La nueva unidad de investigación especial estará bajo la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), dirigida por la procuradora de Corte Yoanna Bejarán.
La UITIMC estará integrada por miembros seleccionados de diversas agencias de inteligencia, seguridad y defensa.
Con esta iniciativa, el Ministerio Público busca desmantelar las estructuras criminales que, a través del tráfico ilícito de migrantes, lavan activos y facilitan la entrada ilegal de personas al territorio dominicano.
