El Poder Judicial y otros organismos afines han sido beneficiarios de exoneraciones vehiculares durante varios años, un privilegio que, aunque distinto al de los congresistas, impacta significativamente las finanzas del Estado.
En los últimos cuatro años, según datos suministrados por la Dirección General de Aduanas (DGA) y analizados por este periódico, al menos 489 jueces y funcionarios del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y el Ministerio Público importaron 709 vehículos sin pagar impuestos. Estas exoneraciones representaron un costo para el fisco de aproximadamente RD$503,215,428.24. En promedio, cada juez o funcionario exoneró más de un millón de pesos en impuestos por vehículo importado, una cifra menor a la de los legisladores, aunque el número de beneficiarios en la justicia es mayor.
Las exoneraciones para jueces y funcionarios judiciales están amparadas en tres leyes. La primera, la Ley 327-98 de Carrera Judicial, promulgada en 1998, establece:
“Todos los jueces del orden judicial tendrán derecho, cada cinco años, a la importación libre de gravamen de un vehículo de motor no suntuario, el cual será intransferible durante ese período. Este derecho se adquirirá a partir del segundo año en el servicio”.
Leyes posteriores, como la Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público y la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional, contienen disposiciones similares a las de la Carrera Judicial.
El beneficio de exoneraciones en el ámbito judicial genera debates sobre su impacto en las finanzas públicas y la equidad en la distribución de incentivos fiscales. Mientras algunos defienden la medida como un derecho adquirido que facilita la labor judicial, otros la critican por su costo para el Estado y la falta de transparencia en su aplicación.
A continuación, se presenta una base de datos con los importadores de vehículos bajo estas disposiciones, evidenciando la magnitud de este privilegio en el sector judicial.
