El gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), emitió un comunicado en conjunto con Costa Rica y Ecuador, denunciando la decisión del régimen de Daniel Ortega de despojar de su nacionalidad y derechos ciudadanos a 135 presos políticos en Nicaragua. Esta medida también incluyó la confiscación de bienes de los afectados, quienes abandonaron el país el 5 de septiembre y se encuentran en Guatemala.
El comunicado, publicado con los emblemas oficiales de los tres países, califica la decisión como deplorable, arbitraria e ilegal, y enfatiza que Nicaragua debe restablecer los derechos de sus ciudadanos. El documento cita el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantiza a toda persona el derecho a la nacionalidad y prohíbe la privación arbitraria de este derecho.
En el mensaje oficial, las tres naciones integrantes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia instan al gobierno nicaragüense a revertir estas acciones y a garantizar los derechos fundamentales de las personas afectadas.
Este pronunciamiento forma parte de un creciente rechazo internacional a las acciones de Ortega, quien ha sido acusado de persecución sistemática contra la oposición y la sociedad civil, incluyendo la revocación de la nacionalidad como una táctica represiva. La condena de República Dominicana, Costa Rica y Ecuador refleja el compromiso de estos países con la defensa de los derechos humanos y la democracia en la región.
Este acto se suma a una serie de sanciones y críticas internacionales dirigidas hacia el régimen de Ortega por sus violaciones a los derechos fundamentales de la población nicaragüense, en particular contra aquellos que se han manifestado en su contra o que han sido considerados una amenaza para su gobierno.
