Santo Domingo. – El Ministerio Público puso en marcha la Operación Domo, mediante la cual desarticuló una red dedicada a la piratería digital a través de la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y servicios de plataformas de streaming.
Un equipo de 30 fiscales encabezó 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Fiscalía del Distrito Nacional.
Las acciones fueron ejecutadas en conjunto con el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
Los operativos se realizaron en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, donde fueron ocupados equipos electrónicos, documentos y vehículos.
El Ministerio Público informó que los integrantes de la red obtenían millonarios beneficios con la reventa de contenidos como programas de televisión, series y películas, en abierta violación a los derechos de autor.
Las investigaciones determinaron que los detenidos forman parte de un grupo de seis imputados, de los cuales cuatro ya habían sido condenados en Estados Unidos en 2017 por hechos similares de piratería digital.
La estructura criminal utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión paga y servicios de streaming. Posteriormente, revendían suscripciones ilícitas tanto en el país como en el extranjero.
El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos, generando cuantiosas ganancias ilícitas que eran luego integradas al sistema financiero nacional e internacional mediante maniobras de lavado de activos.
Los imputados enfrentarán cargos por violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El Ministerio Público destacó que este caso se suma a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, orientadas a enfrentar con firmeza la criminalidad y la delincuencia en todas sus manifestaciones.
