Santo Domingo. – Aunque no se logró aprobar los códigos Penal y de Trabajo, la Cámara de Diputados concluyó la primera legislatura ordinaria de 2025 con una intensa jornada de trabajo que resultó en la aprobación de unas 400 iniciativas, incluyendo 30 leyes consideradas fundamentales para el ordenamiento jurídico del país.
primera legislatura ordinaria de este 2025, la Cámara de Diputados desarrolló una ardua labor legislativa en la que sancionó unas 400 iniciativas, entre ellas 30 proyectos de ley vitales para el ordenamiento jurídico del país durante 58 sesiones ordinarias y extraordinarias.
Solamente en la última sesión, la 58, la CD aprobó seis proyectos de leyes, en lo que daba tiempo a la comisión designada a revisar el Código Penal, pero ya el pleno había sancionado cerca de 400 proyectos de resoluciones internas sometidos por diputados en las que reclaman del gobierno obras para sus localidades.
El Congreso se convirtió en el foro principal de localidades lejanas que, a través de sus representantes, demandaron obras de todos tipos, tales como centros educativos, de salud, cuidados de niños y adultos, carreteras, caminos vecinales y puentes.
El presidente de la CD, Alfredo Pacheco, resalta el trabajo desarrollado por los diputados durante la legislatura que concluyó el pasado sábado 26 de este mes, donde se emplearon a fondo en las diferentes comisiones para conocer los proyectos sometidos.
Expresa que en las comisiones los legisladores trabajaron día y noche, hasta fines de semana, recibieron a expertos en temas tratados, escucharon a los involucrados, se trasladaron a comunidades y convocaron vistas públicas de los proyectos muy conflictivos, porque las iniciativas van al pleno solo si están listas y consensuadas.
Uno de esos proyectos conflictivos llevado a vistas públicas, fue el de las candidaturas independientes, donde fueron presentadas tres versiones. Sin embargo, como advirtió este diario, no se conoció en la legislatura y hasta se sometió un recurso de inconstitucionalidad sobre la pieza.
Entre las leyes consideradas de vital importancia para el ordenamiento jurídico de República Dominicana se destacan la que modificó la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, 225-20. En cuanto a esa ley, Pacheco ponderó la pieza tras considerar que había sido fruto del consenso de todos los sectores involucrados. Por tanto, es la Ley posible.
Otra pieza aprobada por los diputados fue la modificación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, sometido por el Poder Ejecutivo, y que reforzará los planes del gobierno sobre las consecuencias en el país de la crisis haitiana.
La pieza establece una pena que, para los casos de tráfico ilícito de migrantes, será de 20 a 25 años.
Se destaca en la normativa que al funcionario o servidor público hallado culpable o cómplice del delito de trata de personas se le impondrá, como pena complementaria, la inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier función pública y, en caso de reincidencia, la inhabilitación por 20 años, cuyo cumplimiento inicia al término de la sanción privativa de la libertad impuesta.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, que modifica la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, en el que establece reglas claras y sanciones para quienes la violen. Esta pieza envuelve 27 leyes, 13 decretos y la sentencia 305-14 del Tribunal Constitucional, tratados comerciales y otras disposiciones.
Establece un régimen jurídico de la contratación pública con la finalidad de garantizar la eficiencia de los fondos públicos en las contrataciones del Estado.
La ley fundamenta las contrataciones en 20 principios, en los que se destacan los constitucionales, de juridicidad, transparencia, publicidad, eficiencia, racionabilidad y el debido proceso administrativo.
Una ley aprobada y definida por Pacheco como trascendental es la de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, que obliga a los demás poderes a rendir cuentas a los cuerpos legislativos. La negativa de los funcionarios conllevaría sanciones que llegarían hasta el juicio político, incluyendo al presidente de la República y solicitud de destitución de funcionarios.
Con la ley el Congreso terminaría con la práctica reiterada de que requiere a funcionarios para que ofrezcan informaciones a plenos de los cuerpos legislativos, así como a comisiones, sin que estos comparezcan, una queja constante de los legisladores.
Pacheco define la ley como una de las más trascendentales para el buen funcionamiento del Estado.
Otra de las normativas trascendentes es la Ley de Bienes inmuebles y Desahucios (Alquileres), de la autoría del presidente de la Cámara de Diputados, la que pone fin a los desalojos abusivos y establece la conciliación entre las partes antes de llegar a juicio.
El presidente de la Comisión Especial que estudió la iniciativa, el diputado Amado Díaz, recordó que el país tenía 67 años manejando los temas de alquileres con un decreto de 1959, es decir de la era de Trujillo.
Mientras que Pacheco, al motivar la pieza legislativa, destacó el trabajo que se agotó en el estudio de la iniciativa durante varias legislaturas.
Agregó que con la ley, el país es dotado de una normativa que garantiza los derechos de los propietarios de inmuebles, así como también a los inquilinos, que permitirá el abaratar los inmuebles para alquiler en la República Dominicana.
Se resalta, de igual modo, el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, cuyo principal objetivo es organizar el sistema de justicia, pero sobre todo, derechos humanos y el penitenciario.
Se crea como órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución, según corresponda, de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad.
De igual modo, la colaboración funcional y administrativa al Sistema de Justicia, la representación judicial y extrajudicial del Estado y de la Administración Pública, la coordinación de los asuntos registrales bajo su competencia, la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y la coordinación del Sistema Penitenciario y Correccional
