Santo Domingo. – La jueza Fátima Veloz de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo lunes a las 2:00 de la tarde el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra diez militares y civiles imputados en el caso Lobo, acusados de estafar al Estado mediante contratos de seguridad privada con instituciones públicas.
Así lo informó el abogado Héctor Frías Vilorio, representante legal del imputado Ramón Quezada.
“En virtud de que la glosa procesal fue entregada ahora, la audiencia se aplazó para el próximo lunes a las 2:00 de la tarde”, sostuvo el jurista.
El Ministerio Público solicitó la noche del miércoles prisión preventiva, como medida de coerción, contra diez involucrados en una estructura de corrupción administrativa de militares y civiles enfrentada con la Operación Lobo, la cual se valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Además de solicitar prisión preventiva contra el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo.
La solicitud incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Los imputados afectaron, además del Inaipi, al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).
La investigación del Ministerio Público partió de una denuncia remitida al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
