BÁVARO, LA ALTAGRACIA. – Un ambiente de desolación y escombros es lo que queda del sector Monte Verde, mejor conocido como Mata Mosquito, tras un masivo y sorpresivo operativo de desalojo llevado a cabo con maquinaria pesada en el litoral de Bávaro. Las demoliciones han afectado a centenares de viviendas, casuchas y edificaciones de hasta tres niveles, dejando a miles de personas —dominicanos y extranjeros— sin el techo que los cobijó durante años.
El operativo, ejecutado con apoyo del Ejército, la Policía Nacional y agentes especializados de la Fuerza de Defensa, ha sido descrito por los afectados como abrupto y sin previo aviso. En medio del desconcierto, residentes lamentan la pérdida de enseres, ropas y ajuares, muchos de los cuales quedaron triturados entre piedras y concreto. Aún se desconoce públicamente quién dio la orden oficial para la ejecución del desalojo, lo que ha generado interrogantes y denuncias de atropellos.
Desde la mañana del martes, cuando iniciaron los derrumbes, más de 300 estructuras han sido reducidas a escombros. El acceso a la zona ha sido restringido, incluso para la prensa, y la zona se mantiene militarizada. Camiones y camionetas transitan cargados con las pertenencias rescatables de los desalojados, mientras maquinarias como buldóceres, retroexcavadoras y palas mecánicas continúan removiendo restos.
En el lugar funcionaban colmados y viviendas multifamiliares levantadas por personas que residían en el sector desde hace cinco, diez y hasta quince años. Según testimonios, no hay constancia de documentación legal sobre la propiedad de los terrenos. Algunos apellidos como Botello, Rufino Santana y Eliezer han sido mencionados como supuestos propietarios, pero no se ha podido establecer su autenticidad.
El regidor Dionicio López, quien ha dado seguimiento al caso, considera que esta acción forma parte de una segunda fase de operativos iniciados tras la marcha del 30 de marzo. López lamentó que tanto dominicanos como extranjeros indocumentados se vean perjudicados, al perder sus viviendas sin que haya claridad sobre procesos legales ni titulación.
Aunque no se ha confirmado públicamente la existencia de sentencias judiciales que respalden los desalojos, la magnitud del operativo y el despliegue militar sugieren una acción respaldada por altos niveles de autoridad. Sin embargo, los afectados denuncian que no hubo notificaciones formales, ni tiempo para preparar una salida digna.
En paralelo a los desalojos, los operativos de deportación de indocumentados continúan desarrollándose en la zona, aunque la atención pública ha sido absorbida por el impacto social y humano de las demoliciones. Para muchos, el operativo ha sepultado no solo estructuras físicas, sino también años de vivencias, esfuerzos y sueños.
Este desalojo masivo reabre el debate sobre la informalidad en la ocupación de terrenos, la ausencia de políticas claras de reubicación y el rol de las autoridades en garantizar los derechos fundamentales, incluso cuando se actúa para regular situaciones irregulares.
