Varias organizaciones agrupadas en la plataforma dominicanosxderechos dijeron que a más de una década de la Sentencia TC/0168/13, el Estado no ha hecho nada para restablecer la nacionalidad a más de 130 mil personas que perdieron su derecho a la nacionalidad.
Hicieron un llamado urgente al Estado dominicano para intensificar los esfuerzos en resolver la crisis de apatridia que afecta a miles de dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana que lejos de haberse solucionado, el problema ha adquirido un carácter transgeneracional dejando a miles de personas sin acceso a derechos fundamentales, precisaron las organizaciones.
Recordaron que ese número de personas fue afectando gravemente su acceso a derechos básicos como la educación, la salud y el empleo, entre otros. Aunque reconocieron que la promulgación de la Ley 169-14 en 2014 representó un paso hacia la solución, su implementación ha sido inadecuada, dejando aún a esa cantidad de personas con sus documentos retenidos, a pesar de haber sido auditadas por la Junta Central Electoral en 2015.
Esta cifra refleja la gravedad del problema, especialmente para aquellos de ascendencia haitiana, quienes enfrentan barreras administrativas, discriminación y exclusión. Además, el ciclo de apatridia amenaza con extenderse a las generaciones futuras.
Ninguna de las 7,159 personas que aplicaron a la Ley 169-14 ha logrado la naturalización, independientemente de los dos decretos presidenciales promulgados, un primero del expresidente Danilo Medina y un segundo del presidente Luis Abinader, que procuraron un proceso expedito para 799 personas de este grupo tras haber completado su proceso. Estamos ante una nueva generación que nació y crece sin acceso a derechos, aumentando así el número de personas apátridas en el país.
En ese orden, según Datos de la Dirección General de Migración (DGM) de República dominicana, en el primer semestre del año se deportó de país a 67,844 extranjeros. Además, muchas personas que no pueden acreditar su nacionalidad dominicana son confundidas con migrantes haitianas con consecuentes vulneraciones de sus derechos; personas dominicanas.
Frente a todos estos las organizaciones exigieron una implementación robusta de la Ley 169-14, que sea fortalecida para cumplir su propósito original de restitución de la nacionalidad y disfrute pleno de sus derechos de las personas afectadas por la Sentencia TC/0168/13.
En el décimo primer aniversario de la Sentencia TC/0168/13, reiteramos nuestro llamado al Estado dominicano para: Acelerar la implementación efectiva de la Ley 169-14, agilizando los procesos de documentación y naturalización.
Cesar las detenciones arbitrarias y las deportaciones sin el debido proceso, garantizando el respeto de los derechos humanos y así evitando posibles expulsiones de personas nacidas en el país de su propio país.
Implementar un proceso accesible y eficaz para que todas las personas despojadas de su nacionalidad puedan recuperarla.
Garantizar el pleno goce de los derechos humanos para todas las personas afectadas, sin
discriminación por origen.
Proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin discriminación.
Recordaron que dominicanos por Derecho sigue comprometida con una solución justa y duradera para quienes han sido privados de su nacionalidad, buscando un diálogo que nos permita superar las brechas que aún persisten.
Es urgente que el Estado dominicano asuma su responsabilidad de proteger los derechos de todas las personas que habitan en su territorio. No podemos permitir que esta crisis siga creciendo.
