Santo Domingo, RD – Las principales asociaciones del sector turístico de la República Dominicana solicitaron al Gobierno revisar técnicamente la aplicación de la contribución establecida por la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que el esquema actual afecta de manera desproporcionada a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) dedicadas a la intermediación turística.
La posición fue presentada durante una rueda de prensa conjunta por la Asociación Dominicana de Operadores de Turismo (ADOTUR), la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (ADAVIT), la Organización de Profesionales del Turismo (OPETUR) y la Asociación de Tour Operadores Receptivos de la República Dominicana (ASOTURE).
El presidente de ADOTUR, Bladimir Monegro, quien fungió como vocero de las entidades, explicó que las agencias de viajes, tour operadores, mayoristas turísticos y otras empresas de intermediación manejan elevados volúmenes de facturación por cuenta de terceros, pero operan con márgenes reducidos y no generan residuos sólidos en proporción a esos ingresos.
En ese sentido, sostuvo que calcular la contribución sobre la facturación bruta, sin tomar en cuenta la naturaleza de estas empresas, representa una carga económica excesiva para las MiPymes del sector.
«Somos MiPymes turísticas, somos intermediarios y somos comisionistas. No podemos ser medidos igual que una industria, un gran establecimiento comercial o una actividad que genera altos volúmenes de desechos. La contribución debe responder a criterios técnicos, proporcionales y ajustados a la realidad de cada sector económico», expresó Monegro.
Las asociaciones explicaron que un mismo servicio turístico puede ser gravado varias veces durante la cadena de comercialización. Como ejemplo, señale que una agencia minorista puede adquirir un paquete a un mayorista, quien a su vez contrata hoteles, transporte o excursiones, provocando que cada actor quede sujeto nuevamente al cobro, aunque no todos generen residuos sólidos significativos.
A su juicio, este mecanismo incrementa los costos operativos, reduce la competitividad del turismo formal y afecta especialmente a las MiPymes, que además enfrentan nuevas obligaciones derivadas de la reciente reforma fiscal y cuentan con menor capacidad para absorber costos adicionales.
Las entidades aclararon que respaldan los objetivos ambientales de la Ley 225-20 y no se oponen a la gestión responsable de los residuos sólidos. Sin embargo, insistieron en que la aplicación de la contribución debe respetar los criterios técnicos establecidos por la propia legislación.
Recordaron que la ley dispone que el cálculo de la contribución debe considerar factores como la cantidad de residuos generados, el nivel de ingresos, los beneficios obtenidos por la actividad económica, el tipo de actividad productiva y el volumen de desechos producidos.
En ese contexto, afirmaron que su planteamiento no busca exenciones, sino una aplicación más justa, proporcional y acorde con las características de cada actividad económica.
Asimismo, solicitaron mayor transparencia sobre el uso de los recursos recaudados mediante esta contribución desde su implementación, incluyendo información sobre los proyectos ejecutados, los resultados alcanzados y los mecanismos de fiscalización relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos.
“Antes de establecer aumentos desproporcionados, el país debe conocer con claridad qué se ha hecho con los fondos recaudados, qué resultados se han obtenido y cómo se está impactando realmente la gestión de los residuos sólidos”, manifestaron.
Como parte de sus propuestas, ADOTUR, ADAVIT, OPETUR y ASOTURE solicitaron la creación de una mesa técnica de trabajo con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y demás instituciones competentes, con el propósito de revisar la aplicación de la contribución en el sector turístico.
Las organizaciones reiteraron su disposición de colaborar con las autoridades en la búsqueda de una solución que permita alcanzar los objetivos ambientales de la Ley 225-20 sin comprometer la competitividad, la formalidad y la sostenibilidad financiera de las empresas turísticas, especialmente de las MiPymes que forman parte de la cadena de valor del turismo nacional.
