SANTO DOMINGO.– El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, valoró la coherencia que, a su juicio, ha demostrado el presidente de la República, Luis Abinader, al transformar en acciones concretas sus promesas de campaña en torno a la lucha contra la corrupción gubernamental, tal como expuso durante su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero.
El legislador sostuvo que el mandatario ha actuado sin favoritismos al momento de enfrentar casos de presuntas irregularidades dentro de instituciones estatales, asegurando que las evidencias recopiladas han sido remitidas al Ministerio Público para que los implicados sean sometidos a la acción de la justicia.
“Desde el inicio de su gobierno, el presidente Luis Abinader fue muy claro al decir que en el gobierno se podría tener amigos, pero no cómplices, planteamientos que han sido concretados”, expresó el representante de la provincia Sánchez Ramírez.
Ricardo de los Santos afirmó que, para hacer efectivas las promesas del gobernante en materia de combate a la corrupción, el Congreso Nacional ha dotado al sistema judicial de herramientas fundamentales que permiten actuar con mayor eficiencia, citando como ejemplo la aprobación del Código Penal y del Código Procesal Penal.
“Ahora el Ejecutivo cumple con enviar a la justicia las evidencias de corrupción, y el Poder Judicial se encarga de accionar acorde a las leyes establecidas”, explicó.
Durante una entrevista en el programa Matinal, transmitido por el grupo de medios Telemicro Canal 5, el presidente del Senado consideró necesario fortalecer las preventivas para evitar que funcionarios incurran en actos ilícitos.
“Entiendo que todas las instituciones del Estado deben tener una supervisión interna y externa para que funcionen mejor”, manifestó.
En ese contexto, destacó que tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados aprobaron la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, normativa que —aseguró— será aplicada con firmeza para garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
