Durante la gestión del presidente Luis Abinader , no solo el Poder Ejecutivo y los legisladores han ejercido el derecho a algunos proyectos de ley ante el Congreso Nacional. También lo han hecho la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Junta Central Electoral (JCE), que han presentado cinco iniciativas legislativas amparadas en el artículo 96 de la Constitución.
De esas cinco propuestas —dos impulsadas por la SCJ y tres por la JCE—, dos fueron convertidas en ley, una permanece en trámite y dos están estancadas o perimidas.
Digitalización del Poder Judicial: Ley 339-22
El 12 de octubre de 2021, el pleno de la SCJ depositó ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial, marcando la primera vez que el alto tribunal utilizaba su facultad de iniciativa legislativa reconocida por la Carta Magna.
La pieza fue aprobada y promulgada en julio de 2022 como la Ley 339-22. Este marco jurídico habilita la tramitación en línea de procesos judiciales para abogados y ciudadanos, la realización de audiencias virtuales —excepto en materia penal—, el uso de firma digital por jueces y servidores judiciales, así como la creación y acceso público al expediente electrónico.
La normativa amplía los canales de servicio del sistema judicial y fortalece la trazabilidad de los expedientes desde su entrada hasta su entrega, en el marco del proceso de transformación digital del Poder Judicial.
Modificación a la Ley 339-22
El 28 de octubre de 2025, cuatro años después de alguna iniciativa original, la SCJ introdujo en el Senado un proyecto para modificar los artículos 5, 12 y 14 de la Ley 339-22.
Los cambios propuestos buscan consolidar la digitalización como regla general en los trámites judiciales, incorporar herramientas como la firma digital y un sistema georreferenciado para garantizar mayor seguridad y trazabilidad, así como establecer reglas más claras sobre audiencias virtuales, permitiendo a las partes optar por esta modalidad y otorgando al juez la decisión final en caso de desacuerdo.
La iniciativa se encuentra en estudio en la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado, sin que hasta el momento se haya rendido informe.
Reformas electorales: Ley 20-23
En abril de 2022, el pleno de la JCE se presentó ante el Senado y la Cámara de Diputados dos proyectos de modificación a la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, ya la entonces Ley 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, con el objetivo de corregir vacíos legales y fortalecer el sistema electoral tras las elecciones de 2020.
De ambas propuestas, solo prosperó la reforma a la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que fue promulgada en febrero de 2023 como la Ley 20-23. Esta legislación regula el derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegible, el desarrollo de los procesos electorales para los distintos niveles de elección y las competencias de la JCE como órgano rector de los comicios.
El Senado designó una comisión especial para estudiar la pieza, presidida por Ricardo de los Santos, hoy presidente de la Cámara Alta, priorizando su aprobación ante la cercanía de los procesos electorales.
Reforma a la Ley 33-18: iniciativa perimida
El proyecto de modificación a la Ley 33-18 buscaba reorganizar el régimen sancionador de los partidos políticos, redefinir infracciones administrativas, diferenciar faltas administrativas de delitos penales y establecer sanciones proporcionales.
Sin embargo, la iniciativa perimió el 12 de enero de 2023 sin ser aprobada en el Senado. Posteriormente, el 29 de octubre de 2025, el diputado Elías Wessin presentó una versión en la Cámara de Diputados, donde preside la Comisión Permanente de la Junta Central Electoral.
Candidaturas independientes y sentencia del TC
La tercera y más reciente iniciativa de la JCE fue el proyecto de ley para regular las asociaciones cívicas destinadas a la postulación de candidaturas independientes.
La propuesta surgió como respuesta a la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional, que declaró no conforme con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 por establecer requisitos restrictivos para las candidaturas independientes.
El alto tribunal ordenó al Congreso redactar nuevamente esos artículos para permitir postulaciones fuera de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, a través de asociaciones cívicas legalmente reconocidas.
No obstante, la pieza perimió al cierre de la pasada legislatura sin que la comisión especial de la Cámara de Diputados presentara informe en el hemiciclo. Incluso, en sus conclusiones, la comisión señaló que para viabilizar plenamente las candidaturas independientes en la República Dominicana sería necesaria una reforma constitucional.
En balance, las iniciativas impulsadas por la SCJ y la JCE durante el actual gobierno reflejan un mayor protagonismo institucional en la producción normativa, aunque con resultados mixtos en el proceso legislativo.
