Madrid.- El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre, adelantando así unos comicios que hasta ahora estaban previstos para 2027.
Sánchez comunicó su decisión en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, después de informar previamente al rey sobre el adelanto electoral. El anuncio se produce tras la derrota parlamentaria sufrida por el Gobierno el pasado viernes, cuando el Congreso rechazó dos decretos relacionados con la vivienda y el alquiler.
El jefe del Ejecutivo defendió durante su intervención la gestión realizada por su Gobierno durante los últimos años y sostuvo que los ciudadanos deberán decidir en las urnas el rumbo que quieren para España. Sánchez planteó las elecciones como una decisión entre permitir que el país se sume, en sus palabras, a una «ola ultraderechista» que «involuciona y recorta derechos», o mantener a España como «un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental».
El presidente reivindicó las medidas adoptadas durante la legislatura para reforzar el Estado del bienestar y aseguró que su Ejecutivo ha tomado «medidas valientes» pese a las dificultades políticas y económicas. También cuestionó el aumento del gasto militar del 5 % que, según afirmó, exigen Estados Unidos y la OTAN, y defendió la necesidad de trabajar para construir «un mundo mejor» frente a «tiranos», «tecnooligarcas» y «genocidas».
Sánchez reconoció, no obstante, que su Gobierno también ha cometido «errores» y que no ha podido cumplir todos los objetivos que se había marcado al inicio de la legislatura. Según explicó, el adelanto electoral busca que los ciudadanos decidan y, eventualmente, otorguen al Ejecutivo una mayoría parlamentaria progresista más amplia que permita aprobar nuevas medidas sociales y continuar con su programa político.
La decisión de convocar elecciones se produce después de una semana marcada por el debate sobre el acceso a la vivienda. El pasado viernes, el Congreso rechazó dos decretos impulsados por el Gobierno destinados a hacer frente a los elevados precios del alquiler, uno de los principales problemas sociales de los últimos años.
Las iniciativas fueron rechazadas por la oposición conservadora y la extrema derecha, además de los diputados independentistas catalanes de Junts, cuyo voto resultó determinante para que las medidas no salieran adelante.
Tras la derrota parlamentaria, Sánchez abrió un periodo de análisis para decidir si mantenía el calendario electoral previsto o si adelantaba las elecciones. Finalmente, optó por disolver las Cortes y convocar a los ciudadanos a las urnas el 29 de noviembre.
La votación parlamentaria coincidió además con un creciente movimiento de protesta por la situación de la vivienda. En diferentes ciudades españolas se han producido manifestaciones y acampadas para reclamar el acceso a una vivienda digna y asequible, así como medidas para evitar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica.
Entre los casos que han generado mayor movilización social se encuentra el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años de la vivienda en la que residía, un episodio que se convirtió en uno de los símbolos de las protestas por el acceso a la vivienda.
Sánchez había reiterado hasta ahora que las próximas elecciones generales se celebrarían en 2027, al finalizar la legislatura iniciada en 2023. Sin embargo, las dificultades para mantener una mayoría parlamentaria estable fueron aumentando durante los últimos meses.
El Gobierno está formado por una coalición entre el Partido Socialista y Sumar, pero no dispone de mayoría absoluta en el Congreso y necesita acuerdos con otras fuerzas políticas para sacar adelante sus principales iniciativas legislativas.
En particular, el apoyo de Junts se había convertido en un elemento importante para la aprobación de diferentes medidas. Las crecientes diferencias con esa formación dificultaron la capacidad del Ejecutivo para mantener una agenda legislativa estable.
A esta situación parlamentaria se suman las investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y diferentes procedimientos judiciales que involucran a personas del entorno familiar de Sánchez.
Durante su intervención, Sánchez también dirigió duras críticas contra el Partido Popular y Vox. Afirmó que durante los últimos tres años ha tenido que enfrentarse a «la peor oposición» de la historia democrática española y acusó a las fuerzas conservadoras de actuar «sin ningún sentido de Estado».
El presidente también reprochó a sus adversarios políticos haber cuestionado incluso la legitimidad del sistema electoral y haber bloqueado medidas impulsadas por su Gobierno.
Según Sánchez, la oposición ha utilizado su poder en comunidades autónomas y ayuntamientos para «boicotear políticas buenas para la gente de a pie».
Al mismo tiempo, agradeció el respaldo recibido de otras fuerzas parlamentarias que, según dijo, han sido capaces de superar sus diferencias para alcanzar acuerdos que considera beneficiosos para la mayoría de la población.
Sin embargo, reconoció que existe una creciente «insatisfacción» entre sectores de la sociedad que esperaban más avances sociales. Sánchez vinculó ese descontento con el rechazo parlamentario a las medidas sobre vivienda y sostuvo que muchas personas sienten que sus intereses no están siendo suficientemente representados en el Parlamento.
El adelanto electoral abre ahora una nueva etapa de incertidumbre política en España. La convocatoria obligará a los partidos a reorganizar sus estrategias y a preparar una campaña electoral en un contexto marcado por el problema de la vivienda, la situación económica, las dificultades para alcanzar acuerdos parlamentarios y las investigaciones judiciales que afectan al entorno político del Gobierno.
Sánchez defendió que los ciudadanos deben tener la última palabra sobre el rumbo del país y pidió una participación activa en las próximas elecciones.
Durante su discurso, el presidente también situó la convocatoria electoral en un contexto internacional que calificó de especialmente complejo. Aseguró que el mundo atraviesa una época de «grandes peligros», marcada por las tensiones derivadas de la emergencia climática, los cambios sociales y el rápido desarrollo de una inteligencia artificial que definió como «muy disruptiva».
Con la disolución del Parlamento y la convocatoria de las elecciones para el 29 de noviembre, España inicia así un nuevo ciclo electoral antes de lo previsto. Los ciudadanos deberán decidir en las urnas la composición del próximo Congreso y, con ello, el equilibrio político que determinará la formación del próximo Gobierno.
