Santo Domingo, RD.– La República Dominicana comenzó a aplicar este lunes 3 de agosto el nuevo Código Penal, una legislación que sustituye la normativa vigente desde 1884 e introduce decenas de nuevas figuras delictivas, endurece las sanciones para diversos crímenes y dota a los jueces de nuevas herramientas para sancionar las infracciones.
La entrada en vigor de la normativa se produce un año después de la promulgación de la Ley 74-25, aprobada el 3 de agosto de 2025, en cumplimiento del artículo 393, que estableció un período de vacatio legis de 12 meses para permitir la preparación de las instituciones responsables de su aplicación.
Con el vencimiento de ese plazo este lunes, el nuevo Código Penal pasa a regir oficialmente en todo el territorio nacional. En días recientes, el presidente Luis Abinader reiteró que la entrada en vigencia de la ley no sería aplazada, pese a los cuestionamientos formulados sobre algunos de sus artículos.
Entre las principales innovaciones del nuevo Código Penal se encuentra la incorporación de numerosas conductas delictivas que no estaban contempladas en la legislación anterior, así como el incremento de las penas para una amplia gama de delitos.
La nueva normativa establece condenas de hasta 40 años de prisión para los crímenes de mayor gravedad y, en los casos previstos por la ley, permite la acumulación de penas que pueden alcanzar 60 años de privación de libertad.
Además, fortalece el marco jurídico para enfrentar nuevas modalidades delictivas, especialmente aquellas relacionadas con el uso de las tecnologías, actualizando la tipificación de los delitos informáticos y otros hechos criminales que habían quedado fuera del antiguo Código Penal.
La implementación del nuevo Código Penal representa una de las reformas legislativas más importantes del sistema de justicia dominicano en más de un siglo. Con esta actualización, las autoridades buscan responder a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y criminales del país, mediante un marco legal más amplio y acorde con los desafíos actuales.
A partir de este 3 de agosto, fiscales, jueces y demás operadores del sistema de justicia deberán aplicar las nuevas disposiciones en los procesos penales que correspondan, marcando el inicio de una nueva etapa en la administración de justicia de la República Dominicana.
