Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la República Dominicana plantea la creación de una Comisión Nacional de Depuración Normativa (CNDN), adscrita al Poder Ejecutivo, con el objetivo de revisar y eliminar leyes que no se aplican en el país o que resultan redundantes dentro del marco legal dominicano.
La iniciativa busca establecer un sistema integral de depuración normativa, simplificación administrativa, racionalización regulatoria y modernización económica.
Se trata del “proyecto de ley de depuración normativa, simplificación económica y libertad productiva (Ley de Poda)” , presentado por el diputado nacional Elías Wessin Chávez , presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano .
De acuerdo con el legislador, entre las leyes que serán revisadas por la CNDN figura la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios , la cual establece que los ayuntamientos deben recibir el 10% de los ingresos del Estado. Sin embargo, explicó que en la práctica esta disposición no se cumple, ya que en los últimos años los cabildos han recibido un porcentaje menor al consignado por la normativa.
Asimismo, la comisión examinaría la Ley 5778 , promulgada el 31 de diciembre de 1961, que establece la autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Este marco jurídico dispone que el Estado debe destinar cada año un subsidio equivalente al 5% del Presupuesto Nacional para el financiamiento de la academia.
Esta obligación también es reafirmada en la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología , que establece que la inversión pública en educación superior no debe ser inferior al 5% del presupuesto de ingresos y gastos del Estado. No obstante, en la práctica este principio tampoco se ha aplicado de forma plena durante varios años.
Según el artículo 2 del proyecto de ley, las disposiciones de la llamada Ley de Poda serán aplicables a todos los órganos y entidades de la Administración Pública, tanto centralizada como descentralizada.
El debate sobre las leyes que asignan porcentajes fijos del presupuesto no es nuevo. En enero de 2018, el entonces ministro de Economía, Isidoro Santana , planteó la necesidad de revisar las disposiciones legales que comprometen partidas del gasto público mediante asignaciones obligatorias.
Durante su participación en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, explicó que existen alrededor de 30 leyes que fijan porcentajes del presupuesto , lo que limita la flexibilidad fiscal del Estado. Entre estas se encuentran las legislaciones mencionadas y la Ley 194-04 sobre Autonomía Presupuestaria , que establece que el presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público debe ser de al menos 4.10% de los ingresos internos del Estado . Sin embargo, esta también disposición se ha cumplido solo de forma parcial.
El proyecto establece que la Comisión Nacional de Depuración Normativa estaría integrada por representantes del Poder Ejecutivo, especialistas en derecho administrativo, expertos en economía regulatoria y representantes del sector productivo.
La comisión tendría un plazo máximo de 18 meses para realizar una auditoría del marco normativo nacional, identificar leyes obsoletas o redundantes y recomendar su derogación.
Asimismo, comenzaría a operar dentro de los 90 días posteriores a la promulgación de la ley , mientras que el presidente de la República deberá adecuar los sistemas digitales institucionales en un plazo máximo de 24 meses y emitir el reglamento de aplicación en un período no mayor de seis meses .
La propuesta también introduce el concepto de “carga legislativa” , estableciendo que cualquier regulación que implique costos de cumplimiento tendrá una vigencia máxima de cinco años , salvo que una evaluación determine que su continuidad es necesaria.
Además, se plantea que no podrá emitirse una nueva regulación sin eliminar previamente normas equivalentes o de mayor carga administrativa , con el objetivo de evitar lo que denomina “inflación normativa”.
El proyecto contempla igualmente la creación de un sistema técnico para evaluar el impacto económico y regulatorio de las normas, analizando factores como los costos regulatorios, la formalización económica y la litigiosidad administrativa. Para ello, se habilitará un portal público que permitirá consultar el inventario normativo y las métricas regulatorias del país.
La pieza legislativa también dispone la implementación de una Ventanilla Única Nacional Digital , destinada a concentrar los trámites vinculados con la actividad económica y reducir la burocracia estatal.
Asimismo, establece el principio de silencio administrativo positivo , mediante el cual si una institución pública no responde dentro del plazo legal establecido, la solicitud presentada por un ciudadano o una empresa se considere aprobada, salvo excepciones justificadas.
El proyecto deberá ahora agotar su proceso de discusión y aprobación en el Congreso Nacional y, posteriormente, ser promulgado por el Poder Ejecutivo para entrar en vigencia.
