Explicó que esta situación dificulta la implementación del sistema, ya que podría afectar a los usuarios de compañías telefónicas que viven o trabajan en las cercanías de los centros penitenciarios, generando impactos negativos en el servicio y en los ingresos de las prestadoras.
“El inconveniente fundamental es que muchos centros penitenciarios están ubicados en entornos poblados, lo que dificulta el bloqueo, porque las prestadoras de servicios tienen plena conciencia de que si se bloquea la señal también podrían verse afectados clientes externos”, señaló.
No obstante, el titular de Indotel aseguró que las autoridades continúan avanzando en el proyecto, al considerar que es clave para combatir los delitos que se coordinan desde las cárceles, como el sicariato, narcotráfico y otras actividades criminales.
Asimismo, destacó que, como parte del fortalecimiento de la seguridad nacional, se han destinado por primera vez 300 millones de pesos a la Procuraduría General de la República para implementar tecnologías que permitan inhibir las comunicaciones dentro de los recintos penitenciarios.
