Santo Domingo. – Han pasado cinco meses desde que la vida de Ana María Ramírez dio un giro irreversible. La noche del 8 de abril, mientras compartía con amistades en la discoteca Jet Set, el techo del establecimiento colapsó, sepultando a cientos de personas y dejando a más de 200 sin vida.
“Hace cinco meses yo quedé ahí abajo, debajo de los escombros, atrapada, sepultada”, relató entre lágrimas durante una misa oficiada por el padre Rogelio Cruz. La joven recordó cómo una de sus amigas murió en el lugar y cómo logró sobrevivir tras pasar tres horas atrapada bajo los restos del edificio.
“A mí pudieron sacarme tres horas después. Yo no perdí el conocimiento en ningún momento y puedo decirles que estar ahí abajo, escuchando los gritos de ayuda de todos los que fallecieron, es el mismo infierno”, expresó con voz entrecortada.
Ramírez permaneció 18 días ingresada en una clínica y aún carga con el trauma de aquella noche. “Cuando salí me contaron que era un luto nacional, que era un duelo”, recordó.
Consciente de la magnitud de la tragedia, pidió que el caso no caiga en el olvido. “Esta tragedia fue demasiado fuerte. Yo por eso pido que no lo olvidemos y que esto tiene que marcar un precedente. Espero que se sigan haciendo eco, que estén pendiente al Ministerio Público, de las audiencias”, insistió.
La sobreviviente criticó la forma en que se maneja el expediente judicial y cuestionó la calificación de homicidio involuntario otorgada a los propietarios de la discoteca, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.
“Hago un llamado al Ministerio Público de que cambie la calificación que se le ha dado a los hermanos Espaillat. Eso no ha sido un homicidio involuntario, esto ha sido un homicidio voluntario por dolo eventual, que está reconocido en nuestro Código Penal”, afirmó.
Según explicó, los dueños del establecimiento tenían pleno conocimiento de las condiciones del inmueble. “Esa misma noche que se cayó un pedazo, ellos debieron evacuarnos y no lo hicieron. Pero Maribel Espaillat que estaba al lado de mí, ella sí se paró y se fue, porque sabía que ese edificio se estaba cayendo. Ellos pusieron por encima sus intereses económicos a las vidas humanas que estábamos ahí”, denunció Ramírez.
La joven también apeló directamente al presidente Luis Abinader, pidiéndole que el caso no quede en el olvido y que se presione para que la calificación jurídica sea revisada.
Por el colapso, la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez impuso como medida de coerción una garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida y presentación periódica a los propietarios. El Ministerio Público, que había solicitado prisión preventiva y arresto domiciliario, rechazó la decisión al considerar que no responde a la magnitud del caso, aunque el proceso fue declarado como complejo.
La tragedia del Jet Set dejó más de un centenar de heridos y un dolor imborrable en las familias de las víctimas, quienes, al igual que Ana María Ramírez, reclaman justicia y que nunca se olvide la noche que marcó la historia reciente del país.
