Santo Domingo. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió en su despacho al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien acudió a depositar un anteproyecto de ley que modifica la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. La propuesta, remitida por el Poder Ejecutivo, forma parte de las medidas anunciadas recientemente por el presidente Luis Abinader para fortalecer la lucha contra la inmigración irregular.
En la comunicación enviada por el mandatario al Senado, se establece que el objetivo del proyecto es modificar los artículos 2, 5, 6 y 7 de la referida ley, con la finalidad de precisar con mayor exactitud los elementos constitutivos del tráfico ilícito de migrantes, así como los tipos penales específicos en los que se incurre dentro de esta actividad ilícita.
La propuesta también incorpora circunstancias agravantes para el delito, aplicables tanto a los autores materiales como a los cómplices. Según la misiva del Ejecutivo, esta modificación busca fortalecer el marco legal para el enjuiciamiento de quienes incurren en el tráfico ilícito de migrantes y reforzar el compromiso del Estado Dominicano en la erradicación de esta actividad, con el propósito de mejorar la seguridad ciudadana y garantizar la protección de las personas, así como la seguridad nacional.
Al recibir la pieza legislativa, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, anunció que la propuesta será introducida en la sesión de mañana martes, y posteriormente se conformará una comisión especial para su estudio y ponderación.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, acompañado del subconsultor Pedro Montilla Castillo, explicó que este proyecto de ley busca endurecer las penas a los infractores y robustecer el marco legal contra el tráfico de personas.
Entre las principales modificaciones, se establece un aumento en la pena para el delito de tráfico ilícito de migrantes. Actualmente, la ley contempla una sanción de 10 a 15 años de prisión y multas de entre 150 y 250 salarios mínimos del Estado. Con la nueva propuesta, las penas aumentarían a un rango de 12 a 20 años de reclusión y las multas oscilarían entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, además de la inhabilitación de derechos de ciudadanía.
Asimismo, se contempla un incremento en las penas para los cómplices y la adición de nuevas circunstancias agravantes, como el uso de armas, daño a personas mayores de edad o la muerte de la persona objeto del tráfico. En estos casos, las sanciones podrían alcanzar hasta 40 años de prisión.
El artículo 2 de la ley vigente será ampliado con una definición más precisa del tráfico ilícito de migrantes, para facilitar la persecución de este delito por parte del Ministerio Público y la correcta aplicación de las normativas correspondientes.
En el artículo 5 se añadirá la tipificación de delitos por omisión, estableciendo que una persona puede ser considerada responsable si es garantía de la protección de un bien jurídico determinado o de la vigilancia de una fuente de peligro, siempre que exista una obligación legal o contractual de actuar en consecuencia. También se considerará responsable si asume voluntariamente la protección de una persona o crea una situación de riesgo por sus acciones previas.
Por su parte, en el artículo 7 se incluyen nuevas circunstancias agravantes para el delito de tráfico ilícito de migrantes, aplicables también a la trata de personas. Entre estos se encuentran el grado de relación entre el actor y la víctima, la gravedad del daño causado, la vulnerabilidad de la víctima y los medios empleados en la comisión del delito.
Con estas modificaciones, el Gobierno busca reforzar las medidas para frenar el tráfico de personas y el ingreso irregular de migrantes, fortaleciendo el marco legal y endureciendo las medidas para quienes incurran en estas prácticas ilícitas.
