Santo Domingo, D.N. – Luego de más de tres semanas desde que se emitiera una orden de captura en su contra por presunta conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos, el regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Distrito Nacional, Edickson Herrera Silvestre, se encuentra detenido por las autoridades federales de ese país.
Una fuente vinculada al proceso confirmó que el regidor decidió viajar voluntariamente hacia Estados Unidos para entregarse, respondiendo así a las acusaciones presentadas por la Corte del Distrito Sur de Florida, que lo vincula con una red de narcotráfico internacional.
Herrera Silvestre no es el único señalado en el expediente judicial. También figuran como acusados José Eduviges Aponte Torres, alias “Buby” o “Meano”, y William Durán Jerez, apodado “el general”, un exoficial de la Policía Nacional que fue retirado en 2009 por el expresidente Leonel Fernández. Hasta el momento, no se ha confirmado si ambos están bajo custodia de las autoridades estadounidenses, aunque se ha informado que Durán Jerez también planea entregarse voluntariamente ante la justicia norteamericana.
Según la acusación formal, los tres imputados habrían participado en una conspiración para enviar y distribuir en Estados Unidos una sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, lo que constituye un delito grave bajo la ley federal.
El proceso judicial en el extranjero abre interrogantes sobre el futuro político y administrativo de Herrera Silvestre en el Concejo del Distrito Nacional. De acuerdo con la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, un regidor solo puede perder su cargo de manera inmediata por incumplimiento reiterado e injustificado de sus funciones durante un período de tres meses. También se contempla la pérdida del cargo por renuncia formal, fallecimiento, incapacidad declarada judicialmente, nulidad de la elección o una sentencia judicial con autoridad irrevocable.
Para que pueda ser suspendido del ejercicio de sus funciones en el cabildo, debe dictarse una medida de coerción que implique prisión preventiva o arresto domiciliario. Aun así, la suspensión debe ser aprobada formalmente por el Concejo de Regidores. Si ello ocurre, quedaría inhabilitado para recibir salario y viáticos mientras dure la medida. En caso de ser declarado inocente, tendría derecho al reintegro de su salario.
El Partido Revolucionario Moderno informó que el caso de Herrera Silvestre ha sido asumido por el fiscal nacional del partido. Además, recordó que el artículo 65 de su reglamento interno establece que todo militante contra quien se dicte acto de apertura a juicio por delitos de corrupción, crimen organizado o delitos con penas privativas de libertad, queda automáticamente suspendido de su militancia hasta que haya una sentencia definitiva.
No obstante, la Dirección Ejecutiva del PRM no ha confirmado oficialmente si el regidor ya se encuentra en condición de suspendido.
La postura de la Alcaldía del Distrito Nacional, dirigida por la también dirigente del PRM, Carolina Mejía, ha sido de respaldo al principio de legalidad. La misma línea fue adoptada por el presidente Luis Abinader, quien expresó el pasado 21 de abril que “todo el mundo, de cualquier partido, tiene que enfrentar la ley por lo que haya cometido”.
