Con el objetivo de garantizar que los beneficios económicos del comercio fronterizo impacten directamente a las comunidades locales, la Cámara de Diputados avanza en el estudio de un proyecto de ley que prohibiría a comerciantes de otras provincias vender o instalar negocios en los mercados de la frontera dominico-haitiana.
La iniciativa, sometida por el diputado Rafael Pérez Gómez, establece que solo los comerciantes residentes en las provincias fronterizas podrán operar de manera regular en estos mercados, como una medida para evitar la migración irregular de vendedores y fortalecer la economía de las zonas limítrofes del país.
El proyecto introduce modificaciones a varios artículos de la Ley 216-11, que regula el funcionamiento de los mercados fronterizos. Entre los cambios propuestos, se dispone que tanto personas físicas como jurídicas deberán demostrar residencia en la provincia donde pretenden operar como requisito indispensable para la obtención de una licencia comercial.
Según la pieza legislativa, los permisos serán otorgados exclusivamente por las alcaldías locales, en coordinación con la Dirección General de Migración (DGM). Dichas licencias tendrán una vigencia anual, con posibilidad de renovación, y se prohíbe expresamente la instalación de comerciantes provenientes de otras demarcaciones sin la debida autorización.
Permisos especiales y control institucional
No obstante, el proyecto contempla una excepción mediante la figura de permisos especiales. En ese sentido, los comerciantes que no residen en provincias fronterizas podrán acceder a estos mercados únicamente a través de un permiso especial emitido por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el cual estará sujeto a cupos limitados y regulaciones específicas.
Para reforzar la transparencia y el control, la propuesta legislativa ordena a los ayuntamientos llevar un registro detallado de los comerciantes autorizados. Este registro deberá incluir datos personales, dirección, tipo de actividad comercial y cualquier otra información necesaria para el adecuado funcionamiento y supervisión de los mercados.
Asimismo, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) será responsable de implementar un sistema de verificación electrónica que permita identificar a los comerciantes debidamente autorizados, aplicar sanciones a quienes operen sin permiso y establecer un régimen fiscal especial para los mercados fronterizos.
El cumplimiento de la normativa será supervisado mediante inspecciones periódicas realizadas por las alcaldías, con el apoyo de la Policía Municipal, el Ministerio de Defensa, la DGM y la DGII.
Sanciones
En cuanto al régimen sancionador, el proyecto establece que quienes operen sin licencia podrían enfrentar multas de hasta tres salarios mínimos del sector público, además de la prohibición de ejercer actividades comerciales en los mercados fronterizos por un período de hasta dos años.
La iniciativa ya fue estudiada en su totalidad por la Comisión Permanente de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados y estuvo a punto de ser aprobada en primera lectura. Sin embargo, su conocimiento fue detenido en el hemiciclo luego de que algunos legisladores consideraran necesario un mayor tiempo de análisis antes de su aprobación definitiva.
