Santo Domingo, DN.– El juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, advirtió al Ministerio Público que dispone de un plazo máximo de ocho meses para concluir la investigación penal que se sigue contra los imputados en el denominado caso Senasa.
Al declarar el expediente como caso complejo, el magistrado, quien conoció la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano acusador contra Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros encartados, estableció dicho período para que los fiscales presenten su requerimiento conclusivo.
En la resolución, el juez también dispuso que la medida de coerción de arresto domiciliario, impuesta a Eduardo Read Estrella, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Cinty Acosta Sención, tendrá una duración máxima de ocho meses. Además, ordenó la imposición de una medida de coerción real, consistente en el embargo de propiedades pertenecientes a Read Estrella.
Respecto al arresto domiciliario, el magistrado precisó que esta medida solo podrá ser sustituida por una más gravosa si un tribunal competente determina que han variado los presupuestos que motivaron su imposición inicial.
Asimismo, la resolución judicial establece de manera expresa que a estos tres imputados se les deben conceder todos los permisos necesarios para asistir a consultas médicas o atender cualquier diligencia urgente de carácter familiar que no admita retraso. En ese sentido, el juez instruyó al Ministerio Público a no dilatar injustificadamente la emisión de permisos debidamente fundamentados, los cuales deberán ser tramitados sin cargas burocráticas innecesarias.
Garantías económicas y plazos
En cuanto a las medidas económicas, el tribunal otorgó a las imputadas Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo un plazo de siete días para cumplir con el pago de una garantía económica ascendente a un millón de pesos (RD$1,000,000.00), mediante un contrato de fianza suscrito a través de una compañía aseguradora.
Una vez cumplido el pago, ambas imputadas serán trasladadas a sus respectivos domicilios. No obstante, la decisión advierte que, de no cumplirse esta obligación dentro del plazo establecido, ambas serán trasladadas al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, donde permanecerán hasta que se materialice el pago de la fianza.
Prisión preventiva
De igual manera, el juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, medida que deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo.
Derecho a recurrir
Finalmente, el tribunal dispuso que las partes involucradas cuentan con un plazo de 20 días para interponer recurso de apelación contra esta decisión, contado a partir de su notificación.
“Comunica a las partes que la entrega de la presente resolución por secretaría vale notificación para los fines de lugar correspondientes, y que el día hábil siguiente empieza a correr el plazo para la interposición de cualquier recurso que deseen interponer en su contra”, establece la decisión judicial.
