Santo Domingo, RD – Con la promulgación de la Ley Núm. 74-25, el nuevo Código Penal de la República Dominicana introduce un cambio histórico en el régimen sancionador del país, elevando la pena máxima individual de 30 a 40 años de prisión y estableciendo un tope de hasta 60 años en casos de cúmulo de condenas por delitos muy graves.
Tras más de 20 años de debates legislativos, esta reforma moderniza la justicia penal dominicana al endurecer las sanciones por delitos graves, introducir más de 70 nuevas figuras penales y adaptarse a amenazas contemporáneas como el cibercrimen, el uso de deepfakes para extorsión, el ciberacoso y la violencia económica.
Principales cambios en las penas máximas
Pena individual máxima: Se incrementa de 30 a 40 años de prisión.
Cúmulo de condenas: El artículo 49 del nuevo Código Penal establece que, aunque una persona sea condenada por múltiples delitos, no podrá cumplir más de 60 años de prisión efectiva.
Delitos con penas de hasta 40 años
Entre los delitos que reciben la sanción más severa están:
Feminicidio agravado (Art. 94): 40 años de prisión cuando la víctima es una menor de edad, está embarazada, es atacada en presencia de familiares, o cuando el agresor viola una orden de protección.
Agresión con ácido del diablo con resultado de muerte (Art. 103): Castigada con la pena máxima por su carácter cruel y dañoso.
Otros delitos con penas entre 30 y 40 años incluyen:
Sicariato (Art. 98)
Crímenes de lesa humanidad y genocidio (Art. 82 y 83)
Secuestro agravado (Art. 169)
Tortura agravada (Art. 118), especialmente contra menores o personas vulnerables.
Delitos modernos y sanciones por corrupción
La reforma también tipifica delitos que antes no existían en la legislación dominicana, como:
Ciberbullying
Violencia económica
Difusión de datos personales con fines de chantaje
Uso de deepfakes para extorsión
En el ámbito de la corrupción, la ley contempla:
Penas de hasta 10 años de prisión
Multas de hasta 10 veces el valor sustraído
Decomiso de bienes
Inhabilitación para ocupar cargos públicos
La ley entra en vigor en agosto de 2026, lo que otorga tiempo a las instituciones del sistema de justicia para su implementación efectiva.
Aunque la reforma ha sido considerada como un paso adelante en la lucha contra el crimen y la modernización del sistema judicial, también ha generado críticas por excluir las tres causales del aborto, un tema que sigue siendo objeto de amplios debates en la sociedad dominicana.
Con esta transformación estructural, la República Dominicana se coloca en una nueva etapa de su historia legal, fortaleciendo la protección de los derechos fundamentales y la capacidad del Estado para enfrentar con firmeza los delitos más graves y complejos del siglo XXI.
