Presupuesto nacional sigue operando en déficit mientras se mantienen altos niveles de gasto tributario
Las exenciones fiscales que otorga el Estado dominicano representan un gasto tributario estimado en unos RD$243 mil millones al año, lo que impacta significativamente las finanzas públicas y mantiene al presupuesto nacional en condición de déficit. Así lo afirmó este jueves el director general de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez.
“Son ahora mismo unos 240 mil, 243 mil millones de pesos al año. Un presupuesto deficitario fruto de este gasto tributario que se tiene”, expresó Valdez durante un encuentro con la prensa. Sin embargo, evitó ofrecer detalles sobre las causas del alto gasto fiscal o posibles medidas para reducirlo: “Yo no quiero entrar en detalle de por qué ni cómo; solamente que ese es el dato que manejamos”.
El titular de la DGII señaló que, ante la ausencia de una reforma tributaria estructural, la institución se ha enfocado en cumplir con su responsabilidad institucional: alcanzar las metas de recaudación dentro del marco legal vigente.
En ese sentido, Valdez informó que en los primeros cinco meses de 2025 la DGII recaudó RD$397 mil millones, lo que equivale a un cumplimiento del 100.1% con respecto a las proyecciones establecidas para ese período. Detalló que sectores como el turismo y los restaurantes han sido determinantes en el buen desempeño recaudatorio.
Exoneraciones de vehículos bajo la lupa
Uno de los puntos más controversiales dentro del esquema de incentivos fiscales es el de las exoneraciones para la importación de vehículos. Entre 2020 y 2024, estas exenciones representaron un sacrificio fiscal de RD$3,854.6 millones, únicamente bajo las disposiciones que otorgan una exoneración del 100%, según datos oficiales de la DGII.
Este tipo de exenciones ha sido duramente cuestionado por sectores de la sociedad civil y medios de comunicación. Un reportaje publicado el lunes pasado por el periódico Listín Diario ofreció una radiografía detallada sobre los beneficiarios de estas exoneraciones, que incluyen legisladores del Congreso Nacional, funcionarios diplomáticos y diversas iglesias.
En el proyecto de reforma fiscal sometido por el Poder Ejecutivo —y rechazado por amplios sectores— se planteó la eliminación o reducción de este tipo de incentivos, particularmente los relacionados con la importación de vehículos de motor.
A pesar del rechazo, el tema sigue generando debate sobre la equidad del sistema tributario y la necesidad de una reforma que corrija estas distorsiones, en un contexto donde el Estado enfrenta presiones fiscales para financiar servicios públicos esenciales y mantener la estabilidad macroeconómica.
