La comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de estudiar el proyecto de ley sobre candidaturas independientes se reunirá este lunes para decidir si convoca a una vista pública con el objetivo de debatir el futuro de esta controversial iniciativa, que ha generado un profundo disenso jurídico y político.
El diputado Elías Wessin Chávez, presidente de la comisión, confirmó que existen dos interpretaciones enfrentadas sobre la sentencia 0788/24 del Tribunal Constitucional (TC), que abre la posibilidad de aspiraciones sin vinculación a partidos políticos. Una visión formalista alega que la Constitución no reconoce las candidaturas independientes, mientras que la postura garantista defiende que el derecho a ser elegido es un derecho fundamental que no puede estar limitado a los partidos.
Wessin explicó que la comisión, compuesta por 23 legisladores, evaluará si procede la consulta pública para decidir si el Congreso debe crear una ley que permita las candidaturas independientes o si, por el contrario, es necesario reformar la Constitución para viabilizarlas.
En ese contexto, Participación Ciudadana (PC) reiteró su postura de que cualquier intento por reglamentar aspiraciones individuales requerirá una reforma constitucional. Su coordinadora, Leidy Blanco, sostuvo que “la Carta Magna es clara” al establecer que solo partidos, agrupaciones y movimientos políticos pueden participar en el sistema electoral, lo que dejaría fuera a las personas sin afiliación.}
De igual forma, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) comparte la necesidad de reformar la Constitución. Su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que el Congreso enfrenta serias dificultades para aprobar una ley viable bajo el marco actual, pues “la propia Constitución cierra el paso a este tipo de candidaturas”.
El debate cobra fuerza tras la sentencia del TC que, aunque interpretada por algunos como una apertura al derecho individual a ser elegido, ha generado preocupación sobre su aplicación práctica sin colisión con la Constitución vigente. La decisión de hoy marcará el rumbo de una figura que promete redefinir las reglas del juego electoral en la República Dominicana.
