Santo Domingo. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este domingo que remitirá a la Procuraduría General de la República y a la Unidad Antifraude de la Contraloría General toda la documentación disponible en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas sobre la contratación de la empresa Farmacard, S.R.L. por parte del Seguro Nacional de Salud (Senasa), acompañada de un informe de análisis del caso.
El órgano rector aclaró que las contrataciones realizadas entre las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) y el Senasa no están reguladas por la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, sino que se amparan en la Ley 87-01 de Seguridad Social. Sin embargo, precisó que cuando se trata de contrataciones de bienes o servicios con empresas que no cuentan con la debida habilitación como prestadoras de servicios de salud, emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), estas sí quedan sujetas a la Ley 340-06 y, por tanto, bajo la supervisión de la DGCP.
La institución recordó que este principio quedó claramente establecido en la resolución RIC-0109-2025, emitida el pasado 15 de agosto, mediante la cual se dejó sin efecto la contratación de Farmacard por parte del Senasa, tras comprobarse que la empresa no contaba con la acreditación necesaria como prestadora de servicios de salud. En consecuencia, su contratación debía regirse por los lineamientos de la Ley 340-06.
“La medida se adoptó para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, la transparencia y la protección de los derechos de los ciudadanos”, señaló la DGCP en un comunicado.
En ese sentido, el organismo reiteró que su competencia no abarca los contratos suscritos con prestadoras de servicios de salud habilitadas, pero sí interviene cuando el objeto de la contratación recae sobre empresas sin la debida acreditación, como ocurrió en este caso.
Finalmente, la DGCP aseguró su compromiso con la aplicación estricta de la Ley 340-06, así como con la coordinación interinstitucional con los órganos reguladores correspondientes, con el fin de garantizar que los procesos de contratación pública se desarrollen conforme a los estándares legales y técnicos establecidos.
