Alrededor de 30 familias del sector La Peñita denunciaron haber sido desalojadas abruptamente por autoridades gubernamentales sin previo aviso ni documentación legal.
La comunicadora Danylsa Vargas, quien ha seguido de cerca la situación, recogió los testimonios de los afectados, quienes aseguran que el operativo fue ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Defensa y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Sempa), sin que mediara ninguna notificación legal. «Nos sacaron como si no tuviéramos historia en esta tierra», expresó un miembro de la familia Martínez, una de las más golpeadas por el desalojo.
Los Martínez aseguran contar con documentos que respaldan su derecho de propiedad sobre la parcela 411 del Distrito Catastral No. 02, unas 300 tareas adquiridas desde 1965 y ampliadas en 1974.
Más de cinco décadas de arraigo, dicen, fueron ignoradas por quienes llegaron a retirarles por la fuerza, incluso durante un día feriado, cuando legalmente no deberían realizarse este tipo de acciones.
Según Vargas, la única explicación recibida hasta ahora es que los terrenos han sido declarados área protegida, aunque hasta el momento ninguna autoridad ha ofrecido confirmación oficial.
La periodista asegura haber contactado al abogado del Estado, Gedeón Bautista, en busca de respuestas, sin éxito. Mientras tanto, el silencio institucional se convierte en una amenaza más para quienes ya lo han perdido todo, y el llamado es claro: evitar una tragedia mayor antes de que sea demasiado tarde.
