Santo Domingo. – Dos meses y cinco días después de que el techo de la discoteca Jet Set colapsara durante una fiesta encabezada por el merenguero Rubby Pérez —evento que dejó un saldo de 236 muertos y más de 180 heridos— se inició finalmente el curso legal contra los principales imputados por la tragedia.
La tarde de este jueves, Antonio Espaillat, propietario del centro de diversión, y su hermana Maribel Espaillat, administradora del lugar, fueron arrestados tras comparecer ante el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien los citó a su despacho en la Procuraduría General de la República.
Tras más de cinco horas de interrogatorio, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que explica que ambos están siendo investigados por el delito de homicidio involuntario, y señaló que los hermanos actuaron con “inmensa irresponsabilidad y negligencia”, al no ejecutar intervenciones necesarias que hubiesen evitado el colapso del techo del establecimiento.
Además, el documento del órgano acusador menciona que los imputados habrían intentado intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., operadora de Jet Set Club, quienes podrían testificar en el proceso.
Ambos investigados serán presentados ante un juez de atención permanente del Distrito Nacional en las próximas horas para conocerles medidas de coerción. Mientras tanto, Antonio Espaillat fue trasladado con estrictas medidas de seguridad a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
No obstante, su defensa legal, encabezada por el abogado Miguel Valerio, rechazó de antemano la posibilidad de prisión preventiva. “No tiene ningún peligro de fuga. Él se presentó voluntariamente, está en el país, y no representa ningún obstáculo para la investigación”, aseguró el jurista tras ocho horas de interrogatorio.
Valerio alegó que el proceso ya se encuentra en una etapa avanzada y que ahora corresponde analizar las pruebas, no castigar con prisión preventiva.
El avance del caso se produce un día después de que Gregory Adames, empleado de Jet Set, revelara que advirtió a Antonio Espaillat sobre el peligro de realizar la fiesta del 8 de abril, en la que finalmente ocurrió el desplome.
A su vez, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) ya entregó el informe preliminar del caso, donde se detallan las causas estructurales que provocaron el colapso del techo del popular centro nocturno.
Hasta la fecha, se han depositado 68 acciones legales contra los propietarios de Jet Set, entre querellas y denuncias. Algunas de estas también señalan responsabilidades del Estado dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional por presunto incumplimiento de sus deberes legales en materia de seguridad estructural y supervisión.
Las acusaciones incluyen cargos de homicidio involuntario y negligencia, con argumentos sobre fallas estructurales previas y la instalación de equipo pesado en la azotea del local como posibles detonantes del derrumbe.
