Santo Domingo, DN – El empresario Antonio Espaillat, propietario de la reconocida discoteca Jet Set, se puso formalmente a disposición del Ministerio Público en el marco de la investigación que busca esclarecer las causas del colapso del techo del establecimiento ocurrido la madrugada del pasado martes, tragedia que dejó un saldo de 231 personas fallecidas.
La acción fue comunicada a través de una carta enviada a la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. En el documento, Espaillat actúa en representación de la entidad jurídica “Inversiones EYL, SRL”, empresa propietaria del centro de entretenimiento, y expresa su disposición absoluta de colaborar con las autoridades en todo lo que sea requerido durante el proceso investigativo.
“Esta empresa acoge con seriedad y compromiso el curso de tales investigaciones y reitera su apertura a colaborar con todas las autoridades competentes en el proceso, en especial con el Ministerio Público, garantía del interés general y de la búsqueda de la verdad”, indica el documento firmado por el empresario.
Espaillat también manifiesta su solidaridad con las familias afectadas y con toda la sociedad dominicana, afirmando que comparten con genuina consternación el profundo dolor provocado por este suceso.
“Reafirmamos, de forma solemne y sin reservas, nuestro compromiso de atender cualquier requerimiento de esta Procuraduría en el marco de los procedimientos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico, y que resulta necesario para contribuir con transparencia, respeto y dignidad al esclarecimiento de los hechos”, añade la comunicación, que fue recibida por la Fiscalía del Distrito Nacional a las 10:58 de la mañana de este martes 15 de abril, justo una semana después del siniestro.
La carta también identifica como representante legal de la empresa al abogado Jorge Luis Polanco, quien asumirá la coordinación de la defensa y el proceso de comunicación con las autoridades judiciales.
El Ministerio Público continúa con las indagatorias para determinar las responsabilidades penales o administrativas que podrían derivar del colapso, mientras el país sigue en luto por una de las tragedias más impactantes en la historia reciente del entretenimiento nocturno en la capital.
